El pasado 20 de noviembre de 2018 se presentó una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados para amparar a las víctimas por las desapariciones forzadas infantiles. Se pretende crear una unidad policial y una fiscalía para investigar la trama de bebés robados.

(https://www.20minutos.es/noticia/3496807/0/congreso-tramitara-ley-crear-unidad-policial-fiscalia-investigar-bebes-robados/#xtor=AD-15&xts=467263)

Este gesto por parte del ejecutivo, como de los representantes y partidos políticos, es de agradecer, porque ya es dificil que haya unanimidad entre los diputad@s del hemiciclo. Pero sólo faltaría que alguien se hubiera posicionado en contra, es un consenso que debería haberse conseguido hace ya varias décadas. LA EMPATÍA SIN ACCIÓN, NO SIRVE DE NADA.

Llegados a este punto, lo que exigimos a l@s diputad@s no es unicamente la redacción de una Ley Orgánica donde se cumplan y se respeten muchos aspectos que no pueden quedar desatendidos por los partidos políticos, ni por los poderes del Estado, sino que se debe dotar de una partida dentro de los presupuestos generales del Estado que convierta en realidad lo pretendido en ese texto de ley. Son muchas las familias afectadas por esta lacra, y lo peor de todo ello es la opacidad y complicidad institucional a lo largo 8 largas décadas: hospitales, sanitarios, Iglesia, jueces, fiscales, policia... Son muchos los agentes implicados en  las desapariciones forzadas infantiles por acción u omisión.

En España, en pleno 2018 es un tema que no está resuelto, ni mucho menos. Hay países donde la trama de bebés robados y desaparecidos ha sido investigada, condenada y resuelta como puede haber ocurrido en Argentina, un país donde en comparación con España sufrió una dictadura bastante menos extensa en cuanto al tiempo, donde un colectivo como Las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo han conseguido grandes resultados al respecto.

Con la futura aprobación de una Ley Orgánica y de la creación una unidad policial y fiscal, queremos que de una vez por todas en España l@s niñ@s vuelvan con sus familias biológicas, o que por lo menos tengan la opción. Es necesaria una partida presupuestaria importante, generosa y estable para que fiscales, policías, familias y afectados puedan resolver esta situación con los tiempos y medios necesarios. Por otro lado, con dicha ley no se pretende solucionarlo de la noche a la mañana. Es imprescindible que haya un trabajo riguroso, minucioso y respetuoso con las partes afectadas. Son vidas truncadas y marcadas a fuego. Ha llegado el momento de resolverlo y cerrar una herida que no ha dejado de sangrar desde principios del siglo XX. Tod@s tenemos una madre (biológica)!