Soy Evelyn Urrutia Barra, abogada de ONG Respeto, Justicia y Dignidad, que surgió motivada por cómo la pandemia evidenció la grave situación en la que se encuentran los pensionados por rentas vitalicias. Quienes están pensionados bajo esta modalidad quedaron en completo abandono durante la crisis sanitaria, excluidos de las ayudas económicas a pesar de que por las bajas pensiones que reciben vivieron serios problemas durante los últimos 2 años.

Inicialmente ellos y ellas se organizaron por cuenta propia, y poco a poco fue tomando fuerza esta ONG, que hoy está enfocada en visibilizar esta crisis y la necesidad de hacer reformas estructurales al sistema de pensiones por rentas vitalicias. 

La gran mayoría de los pensionados en esta modalidad comentan que al momento de firmar los contratos no fueron informados que cedían en propiedad sus fondos de capitalización traspasados a las compañías de seguros de vida respectiva, en consecuencia, tienen en común por sesgo cognitivo, se sienten que fueron engañados, por lo que ha surgido serios cuestionamientos de los asegurados a esta modalidad de pensión. 

Hoy reciben rentas mensuales insuficientes que a miles los tiene bajo la línea de la pobreza, en atención que en comparación a su edad laboral activa no alcanzan el 30% del promedio de sus últimos 10 años de remuneraciones o rentas imponibles La situación es más crítica en pensiones por sobrevivencia y aquellos asegurados por vejez, que en algunos casos no superan los 108 mil ó 150 mil pesos mensuales.

En lo referente a las pensiones por invalidez, si bien son cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia, un gran porcentaje de estas pensionadas y pensionados tienen su capacidad residual de trabajo afectada de forma permanente, por lo que impide ejercer una actividad remunerada o de trabajo, un gran porcentaje de ellos, cuyas edades fluctúan entre los 30, 40 y 50 años no son contemplados en las reformas previsionales, esto es sin perjuicio que si continúan trabajando hay una incompatibilidad respecto a los subsidios por incapacidad laboral en el inciso 2° del decreto ley N°3500 de 1980, una disposición absolutamente contradictoria con las normas del derecho del trabajo.

Por eso le pregunto a las autoridades pertinentes: ¿Por qué en las discusiones previsionales no se considera una reforma real y efectiva en rentas vitalicias, especialmente sobre pensionados por invalidez y sobrevivencia que siempre quedan excluidos? Se requiere con urgencia una reforma previsional efectiva a la modalidad de rentas vitalicias, a través de la que se comprenda que esto no es solo un contrato entre privados – como se ha hecho ver hasta ahora – sino que requiere la intervención del Estado más allá de solo la Comisión para el Mercado Financiero. Se trata del derecho a la seguridad social de miles de personas, por lo que el Estado no puede estar ausente. 

Esta es una realidad que se ha ocultado por más de 4 décadas, con la que se empobreció a miles de personas que, en algunos casos, no reciben ni el 30% de lo que tenían como sueldo en su vida laboral. Este negocio ha sido uno de los daños previsionales más grandes en el país, incluso más que el de las AFP. Lo único que se ha hecho hasta ahora es proteger el negocio de las aseguradoras.

Esta realidad de precariedad socio económica ha sido invisibilizada por décadas y la intervención del Estado es exigua y ambigua. No hay una institucionalidad en protección de sus derechos.

En el caso de las pensiones de sobrevivencia e invalidez no tienen la opción de acceder al pilar solidario, por no cumplir, por ejemplo, con el requisito de edad de 65 años. Quedando de esta forma aún más abandonados por el Estado y con vidas absolutamente precarias.

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