Mi nombre es Erika Martínez y mi lucha empezó el 2 de noviembre del 2017 cuando mi hija fue abusada sexualmente por un hombre de 43 años cuando ella tenía 7. Ese mismo día mi hija me contó lo sucedido y yo inmediatamente levanté la primera carpeta de investigación, en la Ciudad de México, donde ocurrieron los hechos. En ese momento llamé a las patrullas porque el sujeto era el hermano de mi expareja y se encontraba en la misma casa, pero al llegar, los policías me dijeron que no podían hacer nada, ya que el presunto culpanble “no estaba en flagrancia”.

Han sido 3 años y 4 meses de un ir y venir constante, de toparme con obstáculos por todas partes, de una insensibilidad, falta de empatía y de una revictimización constante por parte de todas las autoridades con las que he tenido que hablar. Cuando levanté la primera denuncia, y los estudios y el peritaje confirmaron lo que mi hija había relatado, se vivía en México un momento de transición ante la elección presidencial que ganaría el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que esa primera carpeta quedó en el limbo durante dos años. ¡DOS AÑOS!.

Dos años para vincular una carpeta a proceso, dos años en los que ni siquiera se hizo ningún tipo de investigación. No se nos brindaron tampoco medidas de protección, pero sí se nos obligó a mi hija y a mí a que saliéramos de nuestro domicilio para evitar que el agresor nos volviera a violentar.

Un año después, el agresor de mi hija volvió y nos agredió, tenía coraje porque lo había denunciado. A mí me golpeó y me fracturó la nariz, y fue entonces que levanté una segunda denuncia, por violencia familiar y golpes equiparados. Esa carpeta tardó un año en vincularse, y si sucedió así fue porque contacté con los abogados del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, quienes ayudaron a ejercer cierta presión a las autoridades ante el peligro que corríamos mi hija y yo, y también porque empecé a manifestarme en muchas ocasiones denunciando mi testimonio. Esto también fue consecuencia de mi participación en la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 4 de septiembre de 2020, en la Ciudad de México, una vez más tratando de pedir que me escucharan y de que hicieran algo, y por lo que yo estoy procesada. La CNDH se ha declarado víctima de las víctimas… 

Durante todo este proceso mi pequeña sentía  y sigue sintiendo culpa, y en varias ocasiones me ha expresado que si ella no hubiera hablado sobre lo que le pasó, todo esto no hubiera pasado. ¿Cómo le haces entender que esto es lo que debemos de hacer las mujeres, no quedarnos calladas, seguir en lucha hasta que la verdad salga a la luz? Ahora, en lugar de luchar contra nuestros agresores, también tenemos qué luchar contra el sistema, contra las instituciones y contra la indiferencia de todos.

Pero ahí no terminan mis denuncias. Se abrió una tercera carpeta por despojo, el 2 de octubre de 2018, pues cuando tratamos de volver a nuestra casa, el agresor y otro de sus hermanos impidió que entráramos siquiera o que sacáramos nuestras cosas. Se me despojó de todo, incluso de lo que necesitaba para trabajar, ya que yo era comerciante. La misma policía de investigación que nos acompañaba fueron agredidos, y finalmente esa carpeta no procedió. 

Después de tener que abandonar nuestro hogar, mi hija, mi pareja y yo vivimos durante cuatro meses en una combi, no teníamos a dónde ir y mi pareja empezó a enfermar, ya que él es epiléptico y fue despedido por eso. Yo decidí volver con mi hija a la casa de mi madre, pero me separé de mi pareja por toda la situación. 

Yo estuve en seis ocasiones sentada en mesas de trabajo con la diputada Ernestina Godoy y la que fuera coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Nelly Montealegre. Reuniones de las que no resultó nada. Me hicieron un estudio socioeconómico para poder optar por un apoyo a víctimas, del que hasta ahora no he tenido respuesta, porque, según me dicen, esos apoyos ya han desaparecido. 

El abusador de mi hija sigue libre, en su casa, con su vida normal, tal vez abusando de más niñas o de más mujeres, y él no ha pasado por todo lo que mi hija y yo estamos pasando. Para mí, levantar una denuncia fue seguir y seguir con violencia, no tanto por parte del abusador sino por todas las instituciones. Y ahora, el  miedo más grande que tengo, es que todas las pruebas que tengo de este caso sean desestimadas. 

Yo veo que las instituciones en vez de darme una respuesta, lo que quieren es hundirme, ahora solo pienso que haber creído a las autoridades ha sido una pérdida de tiempo porque estos más de 3 años la vida se me terminó. Sin embargo, quiero seguir con esto porque es lo que tenemos que hacer las mujeres, luchar hasta que se nos escuche y logremos justicia. Deseo que haya autoridades especializadas y empáticas con este tipo de casos, porque viví en carne propia cómo a mi pequeña la violentaron las mismas autoridades mientras le hacían el peritaje tras ser violada. 

Por todas estas razones, he iniciado esta campaña, para pedirles a nuestros representantes políticos del Senado de la República, que me ayuden a que el agresor de mi hija reciba el castigo que merece y que no esté en libertad, pues más mujeres y niñas podrían estar en peligro. Por favor, ayúdame a firmar y a difundir esta campaña por todos tus grupos y contactos de WhatsApp y Redes Sociales. Si consigo 500  apoyos, esta pregunta llegará a políticos de distintos partidos del Senado de la República, los cuales me tendrán qué dar una respuesta en esta misma web.