Soy Eduardo Acuña, presidente de la Fundación Batuco Sustentable, que nació el 2014 conformada por un grupo de vecinos y profesionales de distintas áreas, con el objetivo de proteger el Humedal Laguna de Batuco, en Lampa, provincia de Chacabuco. Hemos realizado un trabajo en red con comunas vecinas (Colina, Til Til y Quilicura) para la defensa del agua, el humedal, Chicauma, y en general el medio ambiente y el territorio.

También soy miembro de Modatima, Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente. Y el 2017 ayudé a crear la Red Plurinacional de Humedales desde Arica a Tierra del Fuego, compuesta por numerosas organizaciones medioambientales dedicadas a la defensa de estos ecosistemas. Impulsamos la Ley de Humedales Urbanos, que ya fue aprobada, y ahora estamos trabajando para una Ley de Humedales a nivel nacional.

Para mí la defensa ambiental es velar por las potencialidades presentes y futuras de la naturaleza, para que no sean castradas por lo inmediato y sin ningún tipo de planificación. El ordenamiento territorial en Chile es la piedra angular de la problemática medioambiental. Tanto con Modatima como con la Red de Humedales, tenemos representantes en la Convención Constitucional que buscarán la protección del agua y el fortalecimiento de las decisiones medioambientales en los territorios para el bien común por sobre los beneficios económicos de privados.

Hemos trabajado en diferentes instancias denunciando y visibilizando conflictos medioambientales, participando en mesas de trabajo con autoridades y convocando al Consejo de Defensa del Estado. Sin embargo, sigue predominando la voluntad del poder económico, que muchas veces financia campañas políticas, por sobre el bien común ambiental nacional.

Con frecuencia el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), supuestamente creado para la preservación y conservación de los recursos naturales, aprueba proyectos que no son sustentables ante la mirada de organismos técnicos científicos. Muchas veces, cuando un particular hace una denuncia por tentativa de daño ambiental, el SEA toma como válidos informes financiados por la misma entidad denunciada a la hora de tomar una resolución sin siquiera ir al terreno. Posteriormente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se limita a decir que la siguiente instancia es ir al Tribunal Medioambiental, lo que significa para una organización de vecinos gastar dos o tres millones de pesos mensuales en abogados, que tendrán que enfrentar a grandes staff de asesores legales de las empresas contrapartes.

Por eso, es fundamental que tal como en el Sistema Penal Público existe la Fiscalía que defiende a víctimas de delitos, y la Defensoría Penal Pública que defiende a los imputados, se cree una Defensoría Ambiental Pública, con defensores ambientales ligados a los territorios.

Te invito a que visibilicemos este tema. Si conseguimos 250 apoyos recibiremos una respuesta de las autoridades en esta misma web. Ayúdanos haciendo clic en el botón “apoyar” y difundiendo para convocar, sin miedo, a construir el Chile y el mundo que queremos, luchando por el bien común, la justicia, la verdad y el amor. No nos negamos al desarrollo, nos negamos al saqueo.