Somos el Comité Departamental de la zona nordeste de Despertá Pues y Aglojoven en Segovia, un municipio marcado profundamente por la violencia y la criminalidad. Hoy pedimos ayuda del Estado para no tener miedo de salir a las calles en las qué crecimos.

Nuestra ubicación geográfica y el oro nos han hecho desde siempre un foco para la violencia de los grupos que quieren controlar el territorio. Dichos actos criminales nos han costado muchas vidas, todos los días hay asesinatos de una o dos personas.

En el municipio no existe orden público ni autoridad. El consumo de drogas empieza alrededor de los 10 años y hay barrios en los que ni la policía puede entrar porque es un enfrentamiento seguro.

Nos duele cada vez que alguien muere en nuestro municipio, y mucho más cuando es un joven, por eso, nunca hemos ocultado nuestra indignación y no nos hemos demorado en rechazar estas muertes con actos simbólicos, como velatones.

Pero esto nos ha significado volvernos objetivos para los criminales y el Estado no nos ha ofrecido ninguna garantía de seguridad.

Hace 3 años, en 2018, el presidente Duque nos visitó y para conmemorar a los 84 segovianos qué perdieron la vida en un atentado a un oleoducto en el corregimiento de Fraguas. Sin embargo, la situación no era mejor en ese entonces que ahora.

En ese momento, uno de nosotros rompió su esquema de seguridad para pedirle al mandatario su urgente atención. La respuesta fue rápida, llamaron al comisionado para la paz, al comandante de policía y ejercito para analizar la situación, pero todo quedo ahí. No hubo trascendencia, no hubo un consejo de seguridad ni acciones para enfrentar la violencia y las promesas de reparación -colectiva e individual- nunca se cumplieron.

Desde entonces, las muertes de los jóvenes solo han seguido aumentando, de enero a agosto del año pasado ya habían 70 asesinados y hoy ya vamos más de 50 jóvenes cuyas vidas fueron apagadas.

Mediante un derecho de petición, nosotros intentamos que el Ministerio de Interior diera prioridad y respuesta a la situación de orden público en Segovia, pero fue descartado y archivado inmediatamente sin ningún tipo de justificación.

Además, desde el Gobierno se ha dicho que nuestras pequeñas empresas mineras tradicionales son las encargadas de financiar la violencia del municipio, cuando en realidad son víctimas de extorsión por la falta de seguridad. Mientras esto pasa, los ejecutivos de las grandes empresas mineras cuentan con esquemas de seguridad.

Vemos un Estado cómplice por su silencio, pues la población del municipio hoy está más amenazada que nunca y los jóvenes tenemos miedo, nos están matando y nuestras muertes se están volviendo paisaje. 

Queremos que el Congreso venga a Segovia en un acto de reconocimiento de nuestras problemáticas, que nos escuchen, sepan lo que pasa y que, de ser posible, se reforme la fuerza pública del municipio para darnos garantías. Les pedimos que nos ayuden a lograr 350 firmas o más en Osoigo.com y que así está petición sea llevada al Congreso y podamos recuperar la esperanza.