Los chavales que sufren bullying en la Comunidad de Madrid están en situación de desprotección absoluta. El protocolo es totalmente inoperante y aboca a las familias a ir a los juzgados si quieren proteger a sus hijos. 

En nuestro caso, nuestra hija sufrió calumnias y difamaciones por Instagram, motes, difusión de rumores falsos, burlas y, finalmente, aislamiento total. 

Su instituto (IES Juan de la Cierva) quiso ocultar el caso.  Rechazó todas las pruebas de plano, la mayoría eran capturas de pantalla porque era un caso de cyberacoso.  Y el instituto no aceptó las pruebas esenciales al considerar que las capturas de pantalla no son pruebas fiables. Teniendo en cuenta que NO es un juicio, sino una investigación de indicios de acoso escolar en un centro educativo, llama la atención que esas pruebas no se consideren ni siquiera indicios. A nosotros se nos informó que “no había indicios de acoso escolar”, pese a presentar dos dossieres con pruebas. 

De este modo, los casos de acoso escolar en los que se utilizan medios electrónicos (que en plena era digital son la mayoría) quedan fuera de la cobertura de ese protocolo si el instituto decide rechazar todas las pruebas. Los padres no tienen forma de defender a sus hijos. Nos están exigiendo una pericial para demostrar un acoso en el instituto. Y no es una actuación aislada de este centro, ya que la DAT Madrid Capital nos ha dirigido una carta apoyando esta actuación. 

Además, el instituto no entrevistó  a todos los testigos “porque no lo consideraron relevante”. No han aplicado ni la LPAC ni la Ley del Menor, no habiendo notificado el caso a Fiscalía de Menores aun habiendo indicios de delito. La DAT Madrid Capital nos niega todos los derechos, no nos reconocen ni la condición de interesados en el procedimiento, no hemos tenido información transparente ni plazos de recurso. Desde la DAT Madrid Capital defienden la actuación del centro. En nuestro caso, tenemos numerosas pruebas del acoso, las capturas de pantalla, un informe psicológico y una evaluación realizada en la asociación AMACAE. Pero sencillamente, han tapado el caso. 

Mi hija tiene secuelas psicológicas y ha tenido que irse del instituto. El protocolo no protege a las víctimas., únicamente protege los intereses del centro educativo, permitiendo dar carpetazo al caso de forma discrecional, independientemente de las pruebas que haya y los testigos que se presenten. Esto sin dar argumentos ni fundamento a los padres, negándonos la condición de interesados, desprotegiendo al menor, y con la connivencia de la DAT. 

Mi pregunta es, Asamblea de Madrid:  ¿cómo se permite esto? Con la cantidad de campañas que se hacen para concienciar sobre el acoso escolar, y dejamos que se tapen los casos sistemáticamente? Así están bajando las cifras de acoso escolar ne Madrid. No es una bajada real, se están ocultando casos. 
 

El acoso escolar mata. Muchos niños se han quitado la vida por el bullying. ¿Por qué nuestros políticos no elaboran un protocolo que garantice los derechos del menor acosado, que obligue a la Administración a dar información a los padres y unos plazos  y vías de recurso, y por qué no se regula lo quepuede y no puede hacer un centro? Rechazar pruebas arbitrariamente y no entrevistar a los testigos no parece una investigación rigurosa y fiable.