Las personas que apoyamos esta pregunta nos solidarizamos con María Nieves Nfina Ondo, la mujer guineana víctima de una actuación discriminatoria y desproporcionada por parte de la policía local de Valencia, el 8 de agosto de 2017, rechazamos la inacción del Ayuntamiento de Valencia ante este caso y demandamos una actuación decidida para erradicar el racismo institucional de todos sus organismos y servicios.

Lo que nos preocupa no es solamente este caso concreto, constatamos la persistencia de prácticas policiales discriminatorias basadas en motivos étnicos o de origen, algunas de las cuales han sido objeto de denuncia en sede judicial. Rechazamos también las vulneraciones de derechos fundamentales diarias que sufren las personas migrantes en las redadas policiales por perfiles étnicos y la persecución a las personas dedicadas a la venta ambulante (“manteros”), chatarreros o aparcacoches.

El 8 de agosto de 2017, lo que comenzó como una visita rutinaria de verificación administrativa sobre la licencia municipal de actividades del Centro Cultural Camerunés de Valencia, por parte de la Policía Local, acabó con un despliegue desproporcionado de fuerza y la agresión a María Nieves, según su relato, las pruebas audiovisuales y los testimonios existentes. Agentes de la policía entraron en su casa con guantes puestos, la empujaron, la sacaron a la calle, la tiraron encima del coche, la redujeron, tendida en el suelo boca abajo y la detuvieron. Después de haber sido insultada “gorda, puta y negra de mierda, te quitaré a tu hijo”, la llevaron a comisaría.

A estos hechos, y atendiendo sólo a la versión policial, se sucedieron en pocos días declaraciones exculpatorias, recogidas por los medios de comunicación, por parte de la Concejala de Seguridad Ciudadana, Anaïs Menguzzato, quien afirmó que los policías no se excedieron en ningún momento y que fue la detenida quien agredió a los agentes. A su vez, el Alcalde, Joan Ribó, declaraba que consideraba "correcta y adecuada" la actuación de la policía y añadía que no tenía "ningún dato ni informe para decir que esta fue una actuación desmesurada”. También hubo una reacción corporativa en un comunicado de los sindicatos del consistorio (CCOO, Intersindical, UGT y CSIF), en el que daban su "apoyo" a todos los agentes que intervinieron en la actuación policial, revictimizaban a María Nieves, recriminaban a Delegación de Gobierno por haber autorizado una concentración contra el racismo insitucional, convocada por la Asamblea Ciudadana contra el Racismo y exigían a la corporación local iniciativas judiciales contra los convocantes por “fomentar el odio contra la Policía”.

Más allá de los hechos en sí, con toda la gravedad que implican, lo que realmente nos muestra el racismo institucional de la corporación municipal es precisamente esta respuesta. Una respuesta que considera sólo la versión de la policía, que no atiende a otros testimonios, que no acepta una investigación independiente, que ofrece su apoyo incondicional y argumentos exculpatorios a una  conducta a todas luces discriminatoria y que, finalmente, contraataca culpabilizando a la víctima y arremetiendo contra aquellas personas que denuncian los abusos.

Así, la policía local denunció a María Nieves por atentado contra la autoridad por agredir a un agente. Denuncia que ya ha dado paso a diligencias judiciales y ha supuesto que el juzgado número 8 de Valencia la llamará a declarar el 16 de octubre pasado. Mientras tanto, la denuncia puesta por la familia no ha tenido hasta ahora ningún seguimiento, según informa la misma familia .

En todo este tiempo, la Asamblea Ciudadana contra el Racismo ha convocado dos concentraciones para manifestarse contra estos hechos y ha solicitado a lo largo de todos estos meses repetidamente reuniones con el alcalde Joan Ribó, con la concejala de seguridad ciudadana, Anaïs Menguzato, solicitudes a las que no se han dignado responder, y a la Concejala de Cooperación e Inmigración, Neus Fabregat, con la que sí se ha reunido. En esas reuniones se pretendía conocer el resultado de las supuestas investigaciones internas que se habían realizado, presentar los testimonios que se tienen que corroboran la versión de María Nieves y explorar posibles actuaciones que atajen comportamientos racistas.

 Por todo ello, demandamos al Ayuntamiento de Valencia:

 - De forma urgente, una reunión del Alcalde, Joan Ribó y la concejala de Seguridad Ciudadana, Anaïs Menguzato, con la Asamblea Ciudadana contra el Racismo, para que den explicaciones de las publicitadas investigaciones realizadas y para explorar actuaciones futuras para erradicar el racismo institucional de la corporación municipal. 

 - La apertura de una investigación independiente sobre los hechos ocurridos, en la que participen los diferentes grupos municipales y organizaciones sociales del ámbito de la inmigración, que termine con la identificación y propuesta de sanción a los agentes responsables.

 - La elaboración de un protocolo de actuación de la policía local, que asegure una actuación no-discriminatoria hacia las personas inmigrantes y la puesta en marcha de formación específica sobre racismo institucional, interculturalidad y la prevención del racismo y la xenofobia.