Soy Andrea Argil González y desde el mes de enero de este 2021 que no puedo ver a mi hija Fátima, de 3 años de edad; también se me ha impedido poder tener cualquier tipo de comunicación con ella y se me ha privado de la información para saber cómo está. Lo ha impedido mi propia madre en compañía de mi expareja. Ninguno de los dos tiene la guardia y custodia, pero eso no ha querido decir nada para las autoridades. Las instituciones a las que he acudido para buscar una solución a este problema no han sido más que omisas y violentas conmigo. Y mientras pasa el tiempo yo me doy cuenta de cómo mi hija está siendo víctima de violencia psicoemocional, le están haciendo creer que yo no la amo o que yo la he abandonado. 

Desde el año 2016, solo un mes antes de que mi hija naciera, decidí separarme de su papá, debido, entre otras cosas, a la violencia que sufrí por parte suya. El pasado mes de enero de 2021, por una cuestión de salud, le pedí a mi expareja que cuidara a mi hija durante algunos días. 

Este fue el momento en el que él y mi madre aprovecharon para mantenerla lejos de mí y para pedir la intervención del DIF, institución le dio una tutoría provisional a mi madre que duraba 3 meses y que, sin previo aviso, sin un examen, sin evaluaciones, sin mostrarme un solo documento o expediente sobre el caso, le ha sido renovado nuevamente en el mes de julio. 

Llevo 4 meses esperando que los juzgados ingresen mi demanda, que haya algún progreso. Hasta ahora, no hay ninguna guardia provisional, no hay ninguna condición para las convivencias, estoy en tierra de nadie. Pido que la pandemia no sea una excusa para frenar o ignorar los expedientes como el mío. Mi madre busca claramente un beneficio económico, y mi expareja ni siquiera se ha hecho cargo del cuidado de su hija. Ha sido un padre ausente y solía dejarla al cuidado de su familia cuando la niña estaba con él. 

Durante todo este tiempo, me han privado de ver a mi hija, las pocas reuniones que tenía al principio del año eran de 10 minutos una vez por semana, y en cuanto había algo en esa conversación que no les gustara, cortaban la llamada. Y la situación fue a peor hace dos meses. En este lapso no he tenido una sola noticia de mi hija, no sé cómo está y no sé su estado general de salud ni nada. 

Ahora mi petición es que las autoridades de la Ciudad de México hagan algo por revisar y salvaguardar la salud física, emocional y psicológica de mi hija. Ella está usando palabras y referencias que una niña de su edad no debería usar. Es por eso que lanzo esta campaña de difusión, para pedir a las autoridades que escuchen mi voz y que legislen en favor de las niñas y niños que estén en situaciones parecidas a la de mi hija. Creo que entre todos podemos ayudar: si recogemos 500 firmas en esta petición, los representantes políticos me responderán en la página de Osoigo. Y difundamos este testimonio con nuestros contactos de WhatsApp y redes sociales, para que muchas personas lo puedan respaldar.

¡Muchas Gracias!