Soy una persona con tetraplejia, con un 95 % de discapacidad reconocida y Dependencia Grado III. Para poder acceder al baño en mi vivienda, fue necesario realizar una adaptación mediante una subvención pública destinada a garantizar la accesibilidad. No fue una mejora, sino una necesidad básica para poder vivir con dignidad.
Antes de presentar nuestra declaración de la renta, consultamos con la Administración cómo debíamos declarar la ayuda y seguimos sus indicaciones. Meses después, hemos recibido una liquidación exigiendo 7.665 euros al considerar la subvención como ganancia patrimonial.
Mi pregunta es: ¿consideran justo que una ayuda pública destinada a garantizar la accesibilidad básica de una persona con gran discapacidad tribute como si fuera un beneficio económico? ¿Impulsarán medidas para que estas ayudas queden exentas y no generen deudas a quienes solo buscan poder vivir con dignidad?