Hace cuatro años escribí en Osoigo para explicar mi situación. Entonces todavía trabajaba y acababa de pasar por un ingreso hospitalario. Hoy vuelvo a escribir porque mi vida ha cambiado radicalmente.

Después de aquel ingreso, mi discapacidad aumentó hasta el 65 %. Estuve aproximadamente un año y medio de baja hasta que el ICAM determinó mi alta médica. Diez días después, el servicio de prevención de riesgos laborales me declaró NO APTA para desarrollar mis funciones y posteriormente fui despedida.

Desde entonces, además de un empeoramiento de mi enfermedad, comenzó una larga lucha burocrática.

Convivo con dolor pélvico crónico, síndrome de dolor vesical y neuralgia del nervio pudendo. Necesito tratamientos continuados, entre ellos instilaciones, autosondajes y bloqueos periódicos del nervio pudendo, además de medicación analgésica de elevada intensidad. Mis informes médicos recogen importantes limitaciones en las actividades de la vida diaria y la necesidad de evitar esfuerzos, cargas y determinadas posturas.

A pesar de casi 20 años de vida laboral, actualmente estoy desempleada y sin acceso a determinadas ayudas económicas por mi situación familiar.

También solicité una incapacidad permanente. Durante el proceso, en el informe de síntesis previo al juicio no quedaron reflejados correctamente elementos esenciales de mi tratamiento, como parte de la medicación y el uso de sondas. Además, mi patología aparece identificada de forma incorrecta en la sentencia.

¿Puede una valoración reflejar realmente la situación de una persona si parte de la documentación y de sus tratamientos no aparece correctamente recogida?

Algo similar ocurrió posteriormente en la valoración de dependencia. Según la documentación aportada, tampoco se tuvo correctamente en cuenta toda mi patología, incluida la urológica.

No quiero poner nombres. Quiero poner el foco en el sistema.

¿Cómo puede una persona con un 65 % de discapacidad reconocido, casi 20 años trabajados, una enfermedad crónica, tratamientos continuados, importantes limitaciones funcionales y un informe de NO APTA acabar desempleada y teniendo que demostrar una y otra vez que necesita ayuda?

Los informes existen. Los tratamientos existen. Las limitaciones están documentadas. Pero cuando cada administración valora una parte diferente de la realidad, las consecuencias las soporta la persona enferma.

Por eso, cuatro años después, mi reivindicación ha cambiado:

¿Qué medidas adoptará la Generalitat para garantizar que las valoraciones médicas, laborales y de dependencia sean integrales y coordinadas, tengan en cuenta toda la documentación y eviten que errores u omisiones dejen a personas con discapacidad y enfermedades crónicas sin trabajo ni ayudas?

Porque detrás de cada expediente hay una persona.

Y cuando el sistema falla, somos nosotros quienes vivimos con sus consecuencias.

Consecuencias psicológicas por la situación socio-económica depués de estar atravesando que el sistema no sólo no te reconozca las físicas, si no que omita informes, patología, medicación en reiteradas ocasiones y varias administraciones distintas.