Me dirijo a esta administración para pedir su intervención de oficio en relación con las prácticas de 
abortos coercitivos,  uso de anticonceptivos y esterilizaciones forzadas en España ejercidas contra 
las mujeres que padecen algún tipo de enfermedad mental y discapacidad. 
La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha denunciado estas prácticas, así como la legislación que 
las respalda (artículo 156 del Código Penal). Se trata de mujeres inhabilitadas o incapacitadas 
judicialmente. 

Estas prácticas contravienen tratados internacionales como el Convenio de Estambul, que España ha 
ratificado, prohíbe expresamente esta práctica. También la ONU lo ha calificado como 
"inaceptable". Según el Consejo de Derechos Humanos de este organismo internacional, los abortos y 
las esterilizaciones forzadas "pueden constituir tortura", ha denunciado la Confederación. Sobre 
estas prácticas que lesionan derechos humanos y sobre las que hay una ausencia de transparencia e 
información pública. 

Aquí les dejo un vídeo relacionado con este tan controvertido tema también, que en ese sentido la

noticia es realmente de Colombia, pero lamentablemente aquí un país que se dice ser democrático,

avanzado y civilizado se ponen en práctica estas decisiones que vulneran pero con creces los mismos

derechos humanos vamos.