Las propuestas de Maroto buscan la exclusión de la población extranjera del derecho a cobrar la RGI y de tener los mismos derechos que las personas autóctonas, y la confrontación entre la ciudadanía. Han puesto en el centro mediático las prestaciones sociales para desviar la atención ciudadana en un momento de crisis y corrupción sin precedentes, donde el partido donde milita el Sr. Maroto es el principal en el punto de mira. Su legitimidad para hablar de fraude es más que cuestionable.

Sin querer caer en el utilitarismo de la población migrante, cabe recordar que es un colectivo que aporta más de lo que recibe a las arcas públicas y, que tiene una situación social especialmente precarizada.

En UdalBerri, defendemos el refuerzo político, técnico y presupuestario de aquellas áreas prioritarias para el impulso de la cohesión y la protección social, y para la garantía de los derechos básicos de la ciudadanía, como son: los servicios sociales, inclusión social, vivienda, educación y salud.

Con la excusa de la crisis nos dicen que no hay dinero para mantener o crear servicios públicos universales y de calidad. Pero la prioridad número uno debe ser el bienestar de las personas, por lo que los recortes jamás pueden pasar por pegar tijeretazo a esos derechos básicos, sin restricciones en función del origen de las personas o de su clase social.

Los colectivos sociales ya llevan tiempo luchando por estos objetivos. Me gustaría poder trabajar para que desde nuestro Ayuntamiento, en el marco de sus competencias, se facilite el ejercicio de los derechos sociales en clave de igualdad con otros derechos como los civiles para garantizar la dignidad de la ciudadanía.

Desde ​UdalBerri Bilbao en común​ defendemos que la garantía de 6 meses continuados de empadronamiento en Euskadi es condición suficiente para acceder a la RGI, y así se lo exigimos al Gobierno Vasco. Al Ayuntamiento le corresponde informar acerca de estas prestaciones a las personas empadronadas en Bilbao, por lo que exigiremos que se pongan los medios necesarios para ello.

En cuanto a las Ayudas de Emergencia Social, deberían complementan la RGI y disponer de una dotación presupuestaria abierta, para garantizar la cobertura de las necesidades a lo largo de todo el año. Estas ayudas responden a necesidades básicas y deben estar garantizadas como derecho ciudadano fundamental y no sujetas a limitaciones presupuestarias.