Entre 800.000 y 900.000 empleados públicos se encuentran contratados en fraude de ley por las distintas administraciones públicas. Muchos en situación de precariedad desde hace 10 ó 20 años. Sin derecho a indeminización por despido, estos trabajadores pueden enfrentarse a un ERE encubierto al enfrentarles a una "oposición" que no valore su formación ni sus años de experiencia