Pregunta para Esther Ruiz

¿Más de 379.756 expedientes de nacionalidad sin respuesta a febrero 2018 y el Gobierno sigue cobrando tasas. Qué haran las cortes ante esto?

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Santiago Xavier Pregunta de Santiago Xavier

Con la entrada en vigor de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, en vigor desde el 15 de octubre de 2015,  se implementó el nuevo sistema de solicitud telemática de nacionalidad española para los extranjeros que cumpliesen los requisitos de residencia establecidos en el Código Civil.

El Gobierno actual emitió el Real Decreto 1004/2015, en el que se  regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad, cuyo Artículo 11 numeral 3 dice: 

"El procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado..." 

Este plazo ha sido totalmente desconocido por la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, provocando el colapso total del proceso, que a febrero de 2018 registra 379.756 expedientes sin resolución, no solo de la vía telemática, sino muchos presentados anteriormente por el proceso regular. 

Ante esta situación, el Gobierno ha hecho oídos sordos a todos los requerimientos, quejas y acciones emprendidas, provocando no solo la saturación del sistema sino que a pesar de ello, siguen cobrando tasas administrativas y receptando nuevas solicitudes. 

Se firmaron las denominadas "Encomiendas de Gestión", firmadas con la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre el 3 de agosto de 2016, para la digitalización de expedientes a través de las plataformas ATENAS Y FUTUREG, otra encomienda firmada con el Ministerio de Hacienda y de las Administraciones Públicas con el mismo fin y lo que más nos llama la atención la firma de convenio con el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, por Acuerdo publicado en la Resolución de 14 de marzo del 2017, para resolver los expedientes digitalizados y recibidos desde el 1 de enero a 30 de junio del 2015. Encomienda que fue "ampliada" a 2 de noviembre de 2017, para resolver expedientes presentados en el segundo semestre del 2015. Hasta principios de año no se había resuelto ni un solo expediente telemático y actualmente de forma tardía ante la presión de la opinión pública han empezado a resolver una cantidad mínima de expedientes de forma aleatoria para acallar las voces de protesta. 

¿Cuánto dinero se destinó a estos convenios? ¿No llama la atención que a uno de estos Colegios pertenezca un tal M. Rajoy? 

El Señor Ministro censurado Rafael Catalá Polo, ha justificado en distintas interpelaciones y preguntas realizadas desde el Congreso, la actividad de su ministerio, del que dice "sentirse orgulloso" con "los limitados fondos" que este posee. 

¿No hay fondos para contratar personal, mejorar el sistema informático del ministerio, pero si para firmar contratos millonarios con los registradores?

¿Por qué se siguen cobrando las tasas de 100 euros por presentación de expediente más 85 por el examen de Conocimientos Constitucionales y Socio Económicos CCSE y 85 por el examen de lengua española DELE si no se están resolviendo con celeridad solicitudes telemáticas?

Sabemos que el dinero recaudado va al presupuesto general del Estado, sin embargo nos queda duda sobre la transparencia en el desitno de los más de 30 millones recaudados por el Ministerio de Justicia. 

¿Qué os planteáis hacer desde las Cortes, y cuál es la posición de su Grupo Parlamentario ante esta farsa creada por el Ministerio de Justicia? 

http://diario16.com/seis-anos-obtener-la-nacionalidad-espanola/

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